Ni la lluvia fue impedimento para que el juez Rolando Bustillos Cuba del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo acompañado del representante del Ministerio Público, abogado de la parte demandante y alrededor de 120 policías llegue a la comunidad campesina de San Ramón de Mantacocha en el distrito de Huacar. La finalidad era ejecutar la resolución de desalojo y ministración preventiva del fundo Santa Ana, anexos Matibamba y Shocosh que abarca 52.7 hectáreas, las cuales están dentro de la reciente formada comunidad.
La denuncia es por usurpación que los comuneros habrían cometido al ocupar predios privados de la señora Leonor Beatriz López Benavides, cuyo padre era hacendado en la zona y al fallecer heredó lo terrenos a su hija. “A la señora no la conocemos, porque jamás vivió en este lugar, no entendemos porque apareció con la finalidad de quitarnos nuestros predios”, dijo la comunera Viviana Cisneros Condezo (85), quien radicaba en Mantacocha Alta, pero desde el 2013 vive en San Ramón de Mantacocha Baja.
Informó que, en el 2013 el pueblo donde vivió casi toda su vida, resultó afectada debido a las fallas geológicas, por lo que autoridades y moradores en una reunión acordaron reubicarse en la parte baja conocida como Matibamba, terrenos, que según la señora Viviana Cisneros era parte de las 692 hectáreas de la comunidad. Todo estaba bien hasta el 2015, cuando apareció Leonor López, asegurando que sus predios fueron invadidos por los pobladores.
Al respecto, el presidente de la comunidad, Domingo Ávila Cisneros, informó que desde 1991 tienen reconocimiento legal al tomar posesión del terreno sin ninguna oposición, razón por el cual la Dirección Regional de Agricultura les entregó el reconocimiento oficial. En el año 1999 iniciaron los trámites para la titulación, el cual fue realizado en el 2000 para posteriormente ser inscrito en la Oficina de Registros Públicos que oficializó con la publicación en el diario judicial, sin que ninguna persona natural o jurídica interpusiera recurso impugnatorio.
En el 2015 apareció Leonor Beatriz, quien apoyada por cuatro comuneros denunció a los moradores por supuesta usurpación y el juez de Ambo le dio la razón emitiendo la resolución de desalojo que ayer, por quinta vez fue suspendida y el argumento del juez fue falta de seguridad, requiriendo mayor cantidad de agentes del orden. La diligencia fue suspendida por 90 días calendarios, tiempo que los moradores tienen para salir de manera pacífica del lugar.
REACCIONES. Al término de la diligencia, Saúl Luciano Trujillo, dijo que él y los otros comuneros no van a salir del lugar, donde viven desde el 2013 y prueba de ello es la instalación de aulas prefabricadas para que funcione la Institución Educativa n° 32175, donde estudian más de 30 niños del nivel inicial y primario. “Es una injusticia lo que están haciendo con nosotros, si nos desalojan a donde vamos a ir a vivir, no podemos volver a la parte alta, porque existe un documento de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Huacar, donde indica que esa zona es inhabitable y un peligro para nuestras familias”.
Asimismo, indicó que acudirán hasta las últimas instancias con la finalidad de quedarse en los predios que, según él, son parte de las 692 hectáreas, las cuales están inscritos en Registros Públicos. Aprovechó la presencia de los medios de comunicación para exigir a la denunciante mostrar los documentos originales que prueben que ella es propietaria de los terrenos que están posesionados.
Por su parte, el juez al dirigirse a los presentes dijo que, cumplido los 90 días de plazo, la diligencia de desalojo será de manera inopinada.
Algo más
Al final de la diligencia, el acta de compromiso redactado por la secretaria judicial, las autoridades de la referida comunidad campesina no quisieron firmar argumentado que no estaba su abogado.
