En cumplimiento a la resolución n° 1 emitida el 1 de octubre por el juez Víctor Guzmán Afán del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, ayer, policías del Departamento de Investigación Criminal junto al fiscal Luis Chirinos Ñasco llegaron al poblado de Colpa Baja para ejecutar la diligencia de allanamiento, descerraje y registro domiciliario de dos inmuebles, entre ellos el de la municipalidad del centro poblado.
En simultáneo llegaron al lote 2, interior 2 en Colpa Baja, donde vive la alcaldesa Treysi Maryhori Barrueta Suárez y al realizar el registro incautaron vouchers de pagos y el equipo móvil de la autoridad que es investigada por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado representado por la Municipalidad Provincial de Huánuco.
En el parque Colpa Baja interior 2, altura del kilómetro 4 de la carretera Huánuco al aeropuerto está ubicado el local de la municipalidad a donde ingresaron los investigadores e incautaron varios tomos que contenían en total 450 certificados de posesión que habría entregado la alcaldesa, pese que la municipalidad de Huánuco había emitido la ordenanza n° 002 del 29 de febrero del 2024 suspendió la emisión de los documentos.
CASO. La investigación por la presunta comisión del delito de usurpación contra Treysi Barrueta, quien ocupa el cargo de alcaldesa desde el 2023, inició con la denuncia que ella misma hizo contra Jonhy Wilmer Zacarías Penadillo en su calidad de presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Colpa Baja.
El 10 de abril de 1995 la Dirección Regional de Agricultura otorgó a la Asociación de Productores Agropecuarios de Colpa Baja 667 hectáreas de terreno para la ejecución del proyecto de explotación agrícola y construcción de viviendas rurales, sin embargo, mediante resolución n°0370 del 18 de noviembre del 2022 disolvieron el documento aduciendo incumplimiento contra actual.
Con dicho documento la referida asociación ya no ejercía derechos de posesión del predio y cualquier venta y disposición era nula, y pese a ello, Jonhy Zacarías en su condición de presidente seguía expidiendo y firmando constancias de terrenos que según la resolución eran de propiedad del Estado. Los documentos habrían sido entregados a Jacinto Ramírez Acosta el 4 de mayo del 2023; Hildebrando Palomino Landauro, el 10 de abril del 2023; Lino Samuel Chávez Salazar, 10 de abril del 2023; Andrea Gutiérrez Piñan, 10 de abril del 2023; y Alejandro Llanto Candelario del 18 de mayo del 2023.
Como parte de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, la fiscalía solicitó el allanamiento de la casa de Zacarías Penadillo el cual fue realizado el 22 de agosto del presente año y en el registro habrían encontrado documentos relacionados a la alcaldesa (Treysi Barrueta). Entre los certificados de posesión que la burgomaestre habría firmado está el n° 024 emitida el 22 de enero del 2025 a favor de Javier Bedoya Chamorro por un terreno de 240 metros cuadrados ubicado en Colpa Baja.
También el certificado de posesión n° 009 del 11 de mayo a favor de Yunior Brancacho Silvestre a quien entregó un área de 53.83 metros cuadrados. Dichos documentos fueron entregados por la alcaldesa pese mediante ordenanza municipal suspendió la vigencia de otorgar documentos hasta que la municipalidad del centro poblado cumpla con elaborar sus instrumentos de gestión.
Según el informe policial, la alcaldesa habría cobrado 300 soles por cada certificado de posesión y los pagos habrían sido realizado de manera directa. Por su parte, la defensa técnica de la investigada, dijo que en la diligencia desarrollada en la casa y local de atención de su patrocinada no encontraron ningún documento que la vincule con los hechos imputados.
“El representante del Ministerio Público pudo verificar que, para la entrega de cada certificado de posesión, existe un pedido previo de la parte solicitante, inspección ocular del arquitecto que emite su informe, previo pago con entrega del recibo correspondiente”, dijo el abogado Sergio Ordoñez al tiempo de aclarar que los certificados de posesión fueron entregados siguiendo el trámite regular, no encontrando ningún indicio de pago directo a la alcaldesa.
Sobre la resolución de alcaldía que suspende otorgar los certificados de posesión, dijo que presentaron un recurso de apelación pidiendo la nulidad de dicho acto administrativo, pero está pendiente resolver dicho pedido.
