La Policía en coordinación con la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios remitió el informe n° 19 con fecha 26 de abril del 2022 al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior pidiendo incluir en la lista de los más buscados del Perú al ex gobernador regional de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio, quien tiene una orden de ubicación y captura a nivel nacional desde el 25 de marzo.
Según la nota de prensa de la Oficina de Imagen Institucional de la V Macro Región Policial Huánuco Pasco, el caso está en la Comisión Evaluadora de Recompensas, cuyos encargados deberán revisar el pedido y de ser factible, Alvarado Cornelio, será incluido en la relación de las más de dos mil personas buscadas a nivel nacional por diferentes delitos. El monto de la recompensa fue planteado, pero no puede ser hecha pública hasta que la comisión acepte el pedido.
PRISIÓN. El 25 de marzo, luego de varios días de audiencia virtual, el juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra el entonces gobernador Juan Alvarado, el empresario Luis Bedregal Gonzáles, los exfuncionarios Luz Janeth Rodríguez Ramos y Darwin Frank Campos Soto, quienes son investigados por la irregular compra de 7995 computadoras portátiles para el proyecto “Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección Regional de Educación Huánuco”.
De los cuatro, el 28 de abril, Campos Soto, decidió entregarse a la justicia esperando que haga lo mismo el gobernador regional, quien está prófugo al igual que Bedregal y Rodríguez, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
CASO. Según la fiscalía, funcionarios del gobierno regional habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes, esto debido que las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte).
Para el fiscal, las computadoras fueron adulteradas, esto debido que cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas en la orden de compra. Asimismo, los funcionarios del gobierno regional dieron la conformidad a la recepción de 7 995 computadoras portátiles, pese que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraba un faltante de 104 equipos de cómputo.
ALGO +
Según la fiscalía, los funcionarios transgredieron la ley contrataciones del estado generando un perjuicio económico de 23 225 490,04 soles.
