La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo abrió investigación contra Manuel Celadita Fernández por la muerte de dos mineros en un socavón del cerro Rondoni, distrito de Cayna. El caso se remonta al 10 de marzo, cuando Manuel Nolasco Santiago y Noel Venturo Fabián fallecieron sepultados por un desprendimiento de rocas dentro de la concesión minera Ambo 1.
La tesis fiscal sostiene que no se trató de una fatalidad, sino de la consecuencia de un sistema de explotación que desprecia la vida humana. Los cuerpos fueron levantados recién al día siguiente por efectivos de la Comisaría de Cayna y el juez de paz de Rondoní, Melecio Celadita Presentación.
El fiscal Óscar Hilario Chagua dispuso el inicio de diligencias preliminares el 12 de marzo, por presunta comisión del delito contra la libertad de trabajo en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tipificado en el artículo 168-A del Código Penal. El plazo fijado es de 60 días, durante los cuales la Depincri deberá realizar diversas diligencias, incluida la declaración indagatoria de Celadita Fernández.
Según las primeras pesquisas, Fernández habría contratado a los dos mineros fallecidos. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco confirmó que él no figura en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) y que la mina donde ocurrió el accidente es ilegal.
El 20 de marzo, las viudas Magna Calero y Rosmeri Venturo Diego solicitaron al Ministerio Público que se incluya en la investigación a Nona Selu Maraví Obispo de Pari, quien sí está registrada en el REINFO. Alegan que sería quien ha permitido el uso de su registro para la extracción y transporte de mineral ilegal, actuando como “escudo legal” para encubrir operaciones clandestinas y facilitar el uso de explosivos sin control de la SUCAMEC.
En el escrito, las viudas deslizan que Celadita Fernández se habría desempeñaba como capataz o administrador de Maraví Obispo, organizando labores de extracción, contratación de personal y transporte de mineral. Además, se investiga la relación con las empresas Inversiones F.G. Pacífico S.R.L. y Dayiro Amijael EIRL, vinculadas comercialmente al REINFO y que serían las que trasladarían el mineral hacia plantas concentradoras en Huari y La Oroya.
Pese a las muertes y la investigación en curso, informes locales advierten que la extracción continúa de manera clandestina en el cerro Rondoni, exponiendo a otros trabajadores a riesgos mortales y desafiando la autoridad.
