Por falta de garantías, la jueza Liliana Canales Aguirre decidió suspender la diligencia de desalojo de las personas que desde el 2008 invadieron más de 30 mil metros cuadrados del fundo María Teresa en Puelles, Diócesis de Huánuco y comunidad campesina Ramón Castilla, dónde hoy existen más de cinco asentamientos humanos, entre ellos Vía Cruces.
En el oficio n° 476 del 2025, la Región Policial Huánuco hizo la apreciación de la situación actual de la zona invadida indicando que necesitarían al menos 2500 policías capacitados en control de multitudes y que la operación a realizarse era considerada de alto riesgo. Al no existir garantías, la diligencia fue suspendida para otra oportunidad, dónde el desalojo será de manera inopinada, para evitar el atrincheramiento.
En la resolución judicial, el juez requirió a los sentenciados no exponer a personas vulnerables como son niños, gestantes y ancianos, pero los involucrados hicieron caso omiso y desde el día anterior cerraron el ingreso al asentamiento humano Vía Cruces.
Entre tanto, la Región Policial Huánuco desplazó 400 policías de las diferentes unidades especiales y comisarías de Huánuco y Leoncio Prado para brindar seguridad en la diligencia.
