Tres integrantes los pueblos asháninka y yanesha en el distrito y provincia de Puerto Inca en la región Huánuco, fueron asesinados el pasado martes 22 de marzo, según denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Berti Antaihua Quispe (43) y su esposa, Nusat Parisada Benavides de la Cruz (40), de la Comunidad Nativa Cleyton; y de Gemerson Pizango Narvaes (46), de la Comunidad Nativa Santa Teresa.
La hipótesis que maneja la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca (Feconapia) es que estos crímenes fueron perpetrados por miembros de las mafias dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal que operan en la zona, tal como ocurrió otros crímenes en otras zonas de la región.
Ante lo que continúa ocurriendo, las comunidades indígenas demandan la atención urgente del Estado. “Exigimos la inmediata investigación y declaratoria de emergencia o el desarrollo de una estrategia integral multinivel para frenar las mafias que operan en las regiones y que vienen asesinando a líderes y lideresas en nuestra Amazonía de manera impune”, exhortan desde Aidesep.
También solicitan que el Estado optimice el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, a fin de que les otorguen de manera oportuna las garantías necesarias ante casos de amenaza.
Desde que inició la pandemia de la Covid-19, ya son 14 los defensores ambientales asesinados en distintas partes del país, según los datos recolectados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Esta cifra reúne los casos reportados por las organizaciones indígenas y el Estado peruano.
Ante esta situación, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, piden que el Congreso apruebe el Acuerdo de Escazú, ya que se trata de un instrumento internacional que puede ayudar a proteger los derechos de los defensores ambientales.
