A 31 años del hecho, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco entregó a sus familiares los restos de tres víctimas de la violencia política que vivió el Perú durante los años 1980 al 2000. La identificación realizada con exámenes de ADN fue realizada por el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Según la investigación n° 2027018500-2025-89-0, el 29 de enero de 1994 en el caserío de Chontayacu, distrito de Cholón en la provincia de Marañón, Teobaldo Javier Quispe, los hermanos Samuel y Benito Luciano Quispe fueron asesinados por miembros del Ejército.
Las tres personas dejaron de realizar labores en sus chacras para luego dirigirse a su casa con la intención de preparar sus alimentos y en esas circunstancias Benito subió a la parte alta con la intención de recoger agua del pozo, pero fue intervenido por soldados que patrullaban por el lugar. El agricultor guío a sus verdugos hasta su vivienda, donde estaban Samuel y Teobaldo a quienes luego de interrogarlos, decidieron asesinarlos con disparos en la cabeza acusándoles de estar de lado de los terroristas.
Sus cuerpos fueron dejados en la intemperie. Días después sus familiares recogieron los cadáveres que estaban en estado de descomposición y procedieron a enterrarlos en una fosa común del fundo Santa Ana, cuyo propietario en la actualidad es de la señora Noemí Jauregui Rojas.
La diligencia de restitución de los restos estuvo a cargo del fiscal Elmer Rivera Godoy. La búsqueda inició en mérito a los informes de usuario remitidos por la Dirección General de Búsqueda de personas desaparecidas de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
