Mediante oficio n° 160 dirigido al jefe de la División de Requisitorias de Lima, el juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, dispuso la inscripción de la orden de ubicación, conducción y captura contra Juan Manuel Alvarado Cornelio; la ex gerente de Desarrollo Social, Luz Janeth Rodríguez Ramos; el ex asistente de Sistemas, Darwin Frank Campos Soto y el empresario Luis Bedregal Gonzáles, investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco (GRH).
En la audiencia virtual desarrollada el 25 de marzo, el referido magistrado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el gobernador y las otras personas investigadas por la irregular compra de 7995 laptops para ser entregadas a profesores y directores del departamento de Huánuco.
En la lectura de la resolución número 14, el juez señala: “para este despacho si existen graves y fundados elementos de convicción, ya que la única manera de explicar cómo es que la empresa Pomme Corporativo ha variado su stock tanto en el número como en las características contenidas en las fichas productos, es porque previamente conocía cual iba ser el producto que iba demandar el Gobierno Regional de Huánuco a través del sistema de Perú Compras. Para el suscrito no puede haber otra explicación, además de la persistencia del gobernador Alvarado Cornelio de sus funcionarios de mantener las características técnicas de los bienes adquiridos que coincidían con el que ofrecía Pomme Corporativo”.
Asimismo, hizo referencia a lo vertido por la fiscalía de que ni siquiera las laptops físicamente habían ingresado a los almacenes del GRH, pero los funcionarios implicados ya habían dado su conformidad de recepción y a las especificaciones técnicas de las laptops adquiridas.
“Para este despacho esta hipótesis está respaldada con los elementos de convicción de sospechas fuertes que son tres Documentos Únicos Administrativo (DUAs) con el cual queda acreditado que recién el 28 de diciembre del 2019, la empresa Grupo Deltron retiró del almacén de aduanas 5400 computadoras portátiles”, explicó el magistrado.
Hizo referencia a cada uno de los documentos recabados por la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. “Entonces si el último grupo de 109 computadoras fue retirado el 6 de enero del 2020 por la empresa Grupo Deltron, como se explica que el 30 de diciembre del 2019 los servidores y funcionarios del GRH hayan suscrito el acta de recepción y conformidad firmado por el jefe de almacén Linder García Tafur, quien dio la conformidad de 7995 laptops”, dijo en su resolución.
Indicó que, de los elementos de convicción sustentados por el Ministerio Público, concluye que el procedimiento de adquisición de laptops ha sido de manera irregular y existiendo peligro de obstaculización de parte de los cuatro investigados, no existe otra medida que la prisión preventiva contra las cuatro personas investigadas por colusión agravada.
Hizo referencia a la declaración de Darwin Campos, de que el gobernador regional si tenía conocimiento del contenido de los informes y el procedimiento de estandarización para la adquisición de las laptops.
“La conducta que realizó el gobernador regional al aprobar un procedimiento de estandarización es contrario al sentido común, si todos los informes le decían que eran necesario que se amplíe el número de fichas productos con el cual pudo haberse superado el problema, contrariamente a esa alternativa lo que hizo el imputado es aprobar el procedimiento de estandarización y como dijo la fiscalía, el gobernador persistió en enviar una sola ficha para realizar el procedimiento de grandes comprar”, señala el magistrado en su resolución.
PENDIENTE. Está pendiente de resolverse la situación legal de otro grupo de implicados en el caso, toda vez que el fiscal Iván Carrión Cabrera, requirió comparecencia con restricciones para los considerados presuntos cómplices: Limber Garcia Tafur, ex técnico administrativo en la Unidad de Almacén, y para el ex gerente general regional, Luis Augusto Briceño Jara, quien se desempeñaba hasta hace poco como consultor FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), tras salir de la gerencia.
Los otros seis implicados sin coerción personal, por el mismo delito, son: Bertha Ada Gonzales Soto, actual subgerente de Desarrollo Institucional y Sistemas; Fredy Hernando Najera Valentin, abogado especialista en la oficina regional de Asesoría Jurídica; Eden Kaid Lavado Loarte, ex director regional de Asesoría Jurídica; Diego Hugo Bances Ballon, apoderado de la Lenovo. Además, está Luis Felipe Serna Acosta, representante legal del grupo Deltron S.A., quien a diferencia de los otros imputados, habría incurrido en el delito de falsa declaración en el procedimiento administrativo.
La investigación preparatoria fue declarada compleja, para el cual requirieron un plazo de ocho meses.
