Luego de evaluar los fundados y graves elementos de convicción expuestos por el fiscal Héctor Ucañan Gil de la Fiscalía Mixta de Monzón, el juez Fausto Sánchez Tacuchi del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por 15 meses contra Lariver Ulises Placido Álvarez (18), investigado por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado en agravio de su enamorada de 17 años.
En la audiencia, el fiscal informó que la noche del 2 de agosto Ulises llegó a la casa de su pareja de 17 años ubicada en el poblado Palo de Acero, distrito de Monzón en la provincia de Huamalies con la intención de conversar, pero en ese instante la estudiante del quinto grado de educación secundaria habría recibido un mensaje de su ex pareja que preguntaba como estaba.
Ante ello, Plácido Álvarez habría discutido con su pareja para luego golpearla y provocarle la muerte. Dijo, que al empujarla la joven cayó sobre una tabla golpeándose la cabeza e incluso intentó reanimarla, sin embargo, en la necropsia el médico legista no encontró lesiones, lo que si descubrió es que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
En el desarrollo de la audiencia, el fiscal informó que la agraviada fue víctima de violencia familiar, esto debido que en una oportunidad Ulises habría intentado pisar del cuello a su pareja cuando la menor estaba en el piso. Enterada del hecho, la mamá habría ido a la casa del agresor para reclamar, pero los padres habrían pedido no denunciarlo, porque iba frustrar su vida, sin imaginar que meses después terminaría asesinándola.
Al momento de hacer uso de su autodefensa, el detenido aceptó haber sido celoso y violento con la adolescente con quien inició una relación amorosa en el 2022, pero en la actualidad ya había cambiado e insistió en asegurar que Saraí murió producto de un empujón.
La audiencia que inició el 7 de agosto terminó ayer con la lectura de resolución del juez que dispuso el traslado del detenido al penal de Potracancha, desde donde deberá afrontar la investigación por la presunta comisión del delito de feminicidio cuya pena mínima es de 20 años y la máxima 30 años de cárcel.
