Considerando que los nuevos elementos de convicción presentados no eran argumentos suficientes para desvirtuar los fundados y graves elementos de convicción que ya fueron analizados en la audiencia de prisión preventiva, el juez Saulo Ayala Moya del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró infundado el requerimiento de cese de prisión preventiva de José Carlos Morales Vargas, investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Al sustentar la resolución, el magistrado explicó que, entre los nuevos elementos de convicción sustentados por la defensa técnica del investigado, estaba la declaración de la suboficial Cecilia Rojas Coral en su calidad de secretaria de la comisaría de Acomayo, el cual fue realizada a nivel de Inspectoría como parte del proceso administrativo y no en sede del Ministerio Público, tampoco fue ingresado a la carpeta fiscal.
Asimismo, para acreditar el arraigo familiar, el abogado presentó una declaración jurada de una ciudadana indicando que estaba casada con Carlos Morales Vargas, pero dicho documento fue observado, porque si son casados debieron presentar la partida de matrimonio y no una declaración.
Otro argumento que también fue discutido es sobre la hija de 7 años que tiene el imputado, donde la defensa técnica pidió tener en cuenta el interés superior del Niño, pero el juez indicó que el menor no era parte del proceso, además no estaba desamparada, sino que tiene a su madre para que pueda velar por ella.
Al confirmarse que el investigado no tiene arraigo familiar y aún existe el peligro de obstaculización, el juez declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva que en octubre de 2024 fue dictada por el entonces juez Samuel Cabanillas Catalán y el cual fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria el 16 de enero del 2025.
CASO. Siete policías, de los cuales cuatro están recluidos en el penal de Potracancha cumpliendo nueve meses de prisión preventiva son investigados en su calidad de autores y cómplices del delito contra la administración pública, esto luego de ser sindicados de haber sacado ventaja económica de 3 mil soles proveniente de Gustavo Paul Cecilio Lastra y Emerson Pablo Salvador Lastra, quienes fueron intervenidos por estar inmersos en la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de dos menores de 12 y 13 años.
Pese que ambas personas fueron detenidas, la fiscalía no encontró ningún documento de lo ocurrido el 5 de setiembre del 2024 al interior de la comisaría de Acomayo, esto debido que trataron de ocultar información, pero al enterarse de la investigación en su contra buscaron por todos los medios librarse y finalmente terminaron acorralados.
Los otros policías investigados son: Jeysson Calampa Chuquimbalqui, Juan Gutiérrez Córdova, Luis Gonzáles Ponce, Hans Canto Veramendi, Nohely Silvestre Rosales y Edwin Bueno Pérez.
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En su autodefensa, Morales Vargas, pidió al juez afrontar la investigación en libertad aduciendo que su hija y su madre necesitan de él, por ser hijo único.
