SI AFRONTAN LA INVESTIGACIÓN EN LIBERTAD O PRISIÓN
En suspenso. La audiencia de prisión preventiva para los oficiales de la comisaría de Cayhuayna fue suspendida para hoy a las 3:00, luego que el juez Ángel Gómez Vargas diera tiempo al abogado Fernando Amblodegui para que estudie el caso y pueda debatir los elementos de convicción sustentados en audiencia por la fiscal Yesica Evangelista Silvestre.
Ablodegui patrocina al alférez PNP Jean Musayon Herrera, a quien considera inocente de toda sindicación y cuestionó el requerimiento de la fiscalía Anticorrupción, argumentando que estaban dando credibilidad a un delincuente, esto en referencia al empresario Juan Carlos Takase Medina, quien denunció haber pagado 2500 soles para que su maquinaria pesada y vehículos no sean incautados por los policías que llegaron a la zona de Pomarin en Colpa Alta, distrito de Amarilis.
En su afán de dilatar el tiempo pidió al juez leer la transcripción del audio de una conversación que sostuvo su defendido con la abogada Luz Melgarejo Gamboa, quien según su propia declaración acudió a la comisaría de Cayhuayna para pedir que devuelvan el dinero que su primo (Takase Medina) había entregado a Angulo, Musayon y Utia.
Incluso al referirse a las personas que están consideradas como testigos por el Ministerio Público, los llamó delincuentes.
IMPUTACIÓN. La fiscalía imputa al mayor PNP Javier Antonio Angulo Tello, ser el presunto autor del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, “al haber solicitado a través de su cómplice, el alférez Musayon Herrera, diez mil soles a Takase a cambio de permitir seguir extrayendo de manera ilícita mineral no metálico del río Huallaga”.
En el segundo día de audiencia, la fiscal uno a uno dio a conocer los elementos de convicción que vincularían a los investigados. Detalló que entre los documentos recaudados el 22 de febrero, día que policías del Departamento de Medio Ambiente advirtieron el presunto caso de corrupción, están los cuadernos de movimiento de oficiales, de nombramiento de servicio, de asistencia, entre otros; las cuales consignan que los oficiales y el suboficial Henrry Utia Ojeda, estaban de servicio del 21 al 22 de febrero.
También está el acta de reconocimiento en rueda, donde el denunciante sindicó al alférez y al suboficial Utia como las personas que participaron en la irregular intervención el 22 de febrer. Con relación al mayor, Takase Medina en su declaración ampliatoria, indicó que tenía dudas con las personas cuyos números eran 2 y 4. Al respecto la fiscal, aclaró que, en la diligencia realizada el 27 de febrero en la sede de Medicina Legal, Angulo Tello, tenía el número 2, por lo que no podría decirse que dicha persona no fue identificada.
Otro de los elementos de convicción que deberán ser analizados por el juez al momento de resolver, está el reporte de llamadas realizadas por el ahora denunciante con sus amigos conocidos con los apelativos de “Cuy” y “Conan” a quienes pidió prestado dinero.
La declaración del operador de la excavadora Jener Ziño Maíz Amante, quien el 22 de febrero fue detenido y obligado a subir a un patrullero, es importante porque por él, inicia el arreglo entre el empresario Takase Medina y los policías. En su declaración vertida el 28 de febrero, el operador entre otras cosas dijo, que luego del arreglo del dinero, uno de los policías quitó sus celulares a todas las personas que estaban en el lugar para verificar si habían hecho alguna grabación.
Incluso uno de los policías a quien los testigos reconocen como el mayor Angulo Tello, les habría pedido que sigan trabajando para recuperar el dinero que perdieron. La fiscal también presentó el reporte de llamadas que vincularían directamente al comisario, debido que desde el celular del denunciante existen dos llamadas realizadas el 22 de febrero al celular del oficial. Con relación al número de celular 997546971, ocho policías de la comisaria de Cayhuayna que fueron llamados a declarar indicaron que dicho número pertenecía al mayor Angulo.
MANIPULACIÓN. En la diligencia realizada el 27 de febrero, la fiscal Yesica Evangelista dejó constancia que las cámaras de seguridad instaladas en el patrullero de placa PL-21752 fueron manipulados, debido que la caja de seguridad de los aparatos informáticos estaba sin candados y el acceso de seguridad al DVR (grabador de video digital) estaba con la llave puesta.
Algo más +
En la audiencia de hoy los abogados debatirán los elementos de convicción para que luego la fiscal exponer la prognosis de pena, peligro de fuga, procesal, obstaculización probatoria y proporcionalidad de la medida.
