Hoy desde las 8:00 de la mañana reinició la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra los investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada ‘Los elegantes de la formación’ que operaba al interior de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía con sede en Santa María del Valle desde el 2022. La audiencia es dirigida por el juez Samuel Cabanillas Catalán del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco.
La exposición de los elementos de convicción inició con el comandante PNP Christian Arturo Toledo Loli sindicado de ser uno de los líderes de la organización, porque era quien coordinaba directamente las operaciones criminales con los jefes de cada grupo, en este caso el mayor PNP Pool Carlos Solano Pérez, Rossbilt Marcilla Niño de Guzmán y el capitán Gyno Valderrama.
Los alumnos que eran brigadieres de aulas del primero y segundo año están en el tercer nivel, esto debido que eran los que ejecutaban las acciones ilícitas al interior de la Escuela Policial por encargo de los jefes de operaciones, es decir, directamente no recibían órdenes directas del líder de la organización, sino operaban bajo indicaciones de los jefes de operaciones para que cumplan las órdenes.
Según la fiscalía Anticorrupción, el rol que cumplía Toledo Loli habría sido de coordinar clandestinamente con los jefes de la organización Pool Solano, Rossbilt Marcilla y Gyno Valderrama para realizar los cobros de dinero por las ilegales facilidades que brindaban a los alumnos, entre las que estaba venta de exámenes DACA, contratación docente, evasión de prácticas, permisos particulares, salidas anticipadas al horario reglamentario, cumpleaños de los oficiales, fiestas de graduación, etc.
Todo ello habría ocurrido de manera sistemática, durante el periodo de formación policial 2023, tanto a los alumnos del primer año y segundo año. Asimismo, habría recibido, centralizado y ocultado el dinero recolectado por los operadores producto de los cobros ilegales realizados a los alumnos.
La fiscalía considera que Toledo Loli debe ser considerado autor directo de los ilícitos penales que eran cometidos al interior de una escuela de formación policial. Entre los elementos de convicción considerados en el requerimiento de más de 800 páginas, están las interceptaciones telefónicas que el director de la escuela sostuvo con sus presuntos cómplices, donde acordaban los cobros que hacían a los estudiantes.
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La pena probable que le esperaría a Christian Toledo de probarse el concurso real de delitos en la que estaría inmerso es de 21 años de cárcel.
