Walter Dionicio Miranda en su calidad de ex tesorero de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) n° 311 de Huánuco fue condenado a cuatro años y seis meses de pena suspendida tras acogerse al proceso de conclusión anticipada en el inicio de juicio oral por el delito contra la administración pública en la modalidad de apropiación ilícita. Junto a Dionicio, fue condenado por el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco a cargo de la jueza Florsmila Reyes Espinoza, su cómplice Luis Solórzano Útia.
Según la acusación fiscal, el caso data del 2015 cuando Walter era tesorero de la Ugel y como tal generó cuatro comprobantes de pago con el número 537, todos del 21 de agosto de 2015 y giró los cheques números 90550324, 90550052, 90550317 y 90550318 para el pago de remuneraciones de las docentes Edelmira Sobrado Raleón, Javier Saturno Cuenca, Luz Ramos Huaracy Zonia Pinedo Loyola.
Asimismo, a finales de agosto del mismo año, Dionicio Miranda renunció a ser tesorero e hizo la entrega de cargo sin incluir los cuatro cheques que optó por quedarse para luego cobrarlos en las oficinas del Banco de la Nación, el cual estaba tercerizada a cargo de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. ubicado al costado de la sede de la Corte Superior de Justicia Huánuco.
Para cobrar los cheques por los montos que oscilaban entre los 1282.03, 1208.75 entre otros el ex tesorero el 19 de setiembre del mismo año contrató al tramitador del referido banco (Luis Miguel Solórzano), quien a su vez pidió apoyo a Antony Mendoza Albino para que pueda ingresar y cobrar los títulos de valores (cheques). Solórzano Utia recibió por cada cheque 10 soles, mientras que a Mendoza Albino le dieron una propina.
El 22 de setiembre del 2015, la profesora Sobrado Falcó con un oficio informó a la Ugel que el cheque girado como pago de sus remuneraciones correspondiente al mes de agosto había sido cobrado por una tercera persona y es donde el entonces director, Fileno Dávila Gabriel al indagar descubre que los cheques de otros tres profesores fueron cobrados en el Banco de la Nación, iniciándose así una investigación que terminó con la identificación de los responsables.
SERVIR. El 14 de marzo del 2025, el Tribunal del Servicio Civil mediante resolución 000990 declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Walter Dionicio contra la Resolución Directoral UGEL – Huánuco nº 006162, del 18 de julio de 2024, donde destituyen de manera automática al referido trabajador por la comisión de un delito doloso.
El 7 de junio de 2022, el Cuarto Juzgado Unipersonal de Huánuco condenó a tres años, cinco meses y cuatro días a Dionicio Miranda tras acogerse al proceso de terminación anticipada y aceptar la acusación por el delito de peculado doloso. Por este caso, la Ugel dispuso su destitución, resolución que el sentenciado apeló argumentado entre otros, vulneración del derecho al trabajo.
