El 21 de octubre del 2025, la titular del tercer despacho de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, Rocío Caballero Villarreal, dispuso iniciar diligencias preliminares por 60 días, en contra de los que resulten responsables de la presunta comisión de lesiones culposas y homicidio culposo (Inobservancia de las reglas de la profesión) en agravio de GSS y su nacido NN; ocurrido en el Hospital Regional Hermilio Valdizán; sin embargo, pasado más de seis meses no hay resultados de tal investigación.
Según la denuncia, a las 22:15 horas aproximadamente del 4 de octubre del 2025, GSS acompañado de su esposo llegó al Hospital Regional Hermílio Valdizán, e ingresaron al aérea de ginecobstetra, con la finalidad de consultar un inconveniente en su embarazo por fertilización in vitro (24 meses), ya que habría presenciado un ligero manchado en su ropa interior. Fue atendido por el ginecobstetra Meza, quien le pidió que se interne porque el embarazo era de alto riesgo, por motivos de hipertiroidismo – preeclampsia y RCIU (Restricción del Crecimiento Intrauterino), por lo que se quedó hospitalizada en dicho nosocomio hasta el 09 de octubre del 2025.
El 6 de octubre, la paciente comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda y abdomen. A las 16:00 horas, el Dr. Meza ordenó la aplicación de un medicamento, pero este no fue administrado hasta el cambio de turno, a las 18:45 horas.
A las 19:00 horas, su esposo le entregó una pastilla de simeticona, que ingirió, pero en ese momento no había ningún personal de salud monitoreando o atendiéndola. Minutos después, Gabriela acudió varias veces al baño y, alrededor de las 19:30 horas, sufrió un parto prematuro en el inodoro. Según ella, el recién nacido aún presentaba signos vitales.
Tras ese hecho, la Dra. Trujillo Bashi emitió un certificado de defunción señalando “prematuridad extrema dentro del vientre” como causa de muerte, diagnóstico que la madre cuestiona.
ABOGADO. Según Yonar Ruiz Morales, abogado de GSS, en junio de 2025 su defendida solicitó al referido nosocomio un aborto terapéutico debido al alto riesgo obstétrico. Sin embargo, tras una junta médica rechazaron su pedido por “falta de mérito”, pese a que la clínica donde se realizó la fertilización in vitro había advertido que la gestación no podía continuar.
El letrado sostiene que pese al riesgo alto que presentaba, todo el tiempo que estuvo hospitalizada, en octubre del año pasado, la atención brindada fue deficiente ya que, en todo caso, ante la gravedad, debió ser referida a Lima. Dijo que recién cuando ocurre el parto prematuro, prestaron la atención debida, pero era demasiado tarde.
Incluso, señala el letrado que luego que se murió el “bebé”, recién el hospital respondió con una carta diciendo que no había lugar a su solicitud de aborto terapéutico y que podía continuar con su embarazo. “Eso es una burla”, sentenció.
Actualmente, la investigación fiscal sigue abierta. Sin embargo, recién después de casi siete meses se remitió el historial médico a Medicina Legal para una evaluación posparto que determinará si hubo responsabilidad del personal de salud. Para la defensa, este retraso constituye otra burla.
Ruiz Morales considera que hay elementos de juicio de una presunta negligencia médica.
