En las próximas horas, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Leoncio Prado, Javier Echevarría Villavicencia (49) será trasladado al penal de Potracancha para cumplir los 18 meses de prisión preventiva dictados por el juez Saulo Ayala Moya, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco. En la misma resolución, que fue leída durante varias horas, el magistrado ordenó comparecencia con restricciones para Diomedes Mendoza Garay (54), quien además deberá pagar una caución económica de 5 mil soles.
El requerimiento de prisión preventiva fue presentado por el fiscal César Palli Calla, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, contra Echevarría en su calidad de dirigente sindical, Mendoza como obrero eventual de construcción civil, y el exdirigente Moroni Rivera Jaramillo. Los tres son investigados por presuntos delitos de organización criminal, extorsión agravada y otros, en agravio del Consorcio Puente Tingo, conformado por cinco empresas constructoras.
Las empresas afectadas son: Constructora Jesús Amigo, representada por Alex Martínez Mercado; Giovanny & Ali Contratistas SRL, cuyo gerente es Erick Martínez Mercado; Salma Ingeniería y Construcciones EIRL, representada por Luis Alberto Caldas Alvarado; DESIAL SAC, representada por Luis Rivera Meza; y Constructora San Juan Martín de Porras, cuyo gerente es Luis Aguirre.
El contrato para la obra “Construcción del Puente Tingo María”, ubicada en Castillo Grande, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, fue suscrito el 19 de agosto de 2019 por el Gobierno Regional de Huánuco, con un presupuesto de 52 millones 92 mil 837.82 soles y un plazo de ejecución de 600 días.
Según la investigación fiscal, dos días después de la firma del contrato, integrantes de la presunta organización criminal “Los Constructores de Rupa Rupa” dejaron un sobre con un manuscrito y cinco cartuchos calibre 380 automático en la cuadra siete de la avenida Alameda de la República, en Huánuco. El 22 de agosto, repitieron el mismo modus operandi en el pasaje Leoncio Prado, donde residía uno de los representantes del consorcio. El objetivo era exigir pagos bajo el pretexto de cuotas sindicales, con amenazas de protestas y represalias contra sus familiares.
En la audiencia, el fiscal presentó conversaciones entre los dirigentes y testimonios recogidos por la Policía que confirmaron el pago de 1,200 soles por parte de los administradores de los consorcios a cada uno de los dirigentes Echevarría y Rivera Jaramillo.
La investigación que está a cargo de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) pone al descubierto a la presunta red criminal que habría operado desde el 2019 en Huánuco y Leoncio Prado.
