El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha emitido un fallo que marca un precedente en la interpretación de la inmunidad presidencial. En respuesta a una demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, el TC ordenó suspender todas las investigaciones fiscales y judiciales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato, el 28 de julio de 2026.
La demanda alegaba que el Ministerio Público y el Poder Judicial habían excedido sus atribuciones al iniciar diligencias contra la mandataria por presuntos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución, el cual establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento.
Entre los casos que quedan suspendidos figuran el denominado “caso Rolex”, las muertes ocurridas durante las protestas sociales, y la desactivación del Equipo Especial de la Policía que colaboraba con el Ministerio Público. El TC también prohibió al Poder Judicial dictar medidas contra Boluarte mientras ejerza el cargo.
El fallo subraya que la inmunidad presidencial es “estrictamente necesaria” para garantizar el adecuado ejercicio del cargo y evitar interferencias que puedan desestabilizar el régimen político. Según el TC, cualquier proceso penal solo podrá iniciarse una vez culminado el antejuicio político en el Congreso, seguido de una resolución acusatoria de contenido penal.
La decisión ha generado reacciones divididas en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores la consideran una defensa legítima de la institucionalidad, otros advierten que podría abrir la puerta a la impunidad y debilitar la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder.
