El hallazgo de los cuerpos sin vida de los 13 mineros secuestrados en Pataz, región la Libertad, ha conmocionado al país. Las víctimas fueron encontradas en un socavón con signos de haber sido ejecutadas, lo que evidencia la grave crisis de seguridad en las zonas mineras.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen fue perpetrado por mafias vinculadas a la minería ilegal, que buscan controlar los yacimientos de oro en la región. La empresa Minera Poderosa, que tenía relación contractual con los trabajadores asesinados, ha calificado la zona como un «territorio sin ley» y ha exigido medidas urgentes para frenar la violencia.
El Gobierno Regional de La Libertad ha solicitado al Ejecutivo la declaración de estado de sitio en Pataz, con el objetivo de recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha desplegado equipos de élite para capturar a los responsables.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ha calificado el crimen como un acto terrorista y ha exigido la pena de muerte para los responsables. Además, ha anunciado una marcha hacia Lima para exigir acciones concretas frente a la ola de violencia en la zona.
Este caso ha generado indignación y preocupación en diversos sectores, que demandan una respuesta firme por parte del Estado para garantizar la seguridad en las zonas mineras del país.
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