El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denunció, a través de un pronunciamiento, que el titular de dicha entidad, Josué Gutiérrez Cóndor, no renovó el contrato de la secretaria general del gremio, Magali González, a lo que calificaron como “despido encubierto”.
“Rechazamos categóricamente la decisión del defensor del Pueblo (…) de no renovar el contrato de nuestra secretaria general, Magali González Manco, encubriendo lo que a todas luces constituye un despido encubierto”, indica el comunicado.
El sindicato indicó que dicha decisión es “una muestra inaceptable de intolerancia y arbitrariedad” por parte de Gutiérrez Cóndor “en represalia por la posición crítica que el gremio sindical ha venido adoptando frente a los actos y decisiones que han afectado la vigencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras” de la entidad.
La decisión del defensor del Pueblo respecto a Magali González se habría hecho “sin informe técnico de sustento”. La medida fue comunicada el 19 de diciembre, a través de un memorando en el que le indican que su último día de trabajo será el 31 de este mes.
El gremio de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol activo frente a diversos sucesos que involucran a la institución. En noviembre, exigieron a Gutiérrez “que se aparte del cargo y se someta a una investigación”, en el marco del operativo Valquiria V que reveló presuntas negociaciones en su elección como titular de la Defensoría por parte de congresistas y asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Además, antes, presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo por parte del Congreso, por “vulneración al debido proceso”. Y en octubre, se pronunciaron en contra de que el Parlamento aprobara la modificación a la Ley Orgánica de la entidad para que Josué Gutiérrez elija a los adjuntos de la Defensoría directamente, sin concurso. Ese mismo mes, denunciaron que 15 trabajadores CAS de la entidad fueron desvinculados “sin evaluación”.
Asimismo, en setiembre, denunciaron que la secretaria general habría sido agredida verbalmente por Elizabeth Zea Marquina, funcionaria de confianza de Josué Gutiérrez, para quien exigieron su destitución.
