El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra las resoluciones judiciales emitidas en el marco del denominado caso “Cócteles”, proceso en el que se investigaba a la lideresa de Fuerza Popular por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
La decisión del TC deja sin efecto las resoluciones N.º 35 y N.º 46 del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitidas en septiembre y octubre de 2022, que habían rechazado las excepciones de improcedencia de acción planteadas por la defensa legal de Fujimori. Con esta sentencia, se anulan todos los actos procesales derivados de dichas resoluciones, lo que implica la paralización del juicio que se había extendido por más de una década.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, calificó el fallo como un acto de justicia y sostuvo que el caso debe ser archivado definitivamente. “Después de tantos años, nuestra pretensión ha sido amparada. Este proceso ha sido un calvario para más de 40 personas”, declaró en entrevista con medios nacionales.
Por su parte, Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que Fuerza Popular evaluará presentar denuncias contra los fiscales responsables del caso, entre ellos el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato. Fujimori también dejó abierta la posibilidad de postular nuevamente a la presidencia en las elecciones generales de 2026.
La resolución del TC fue aprobada por mayoría, con cinco votos a favor y dos en contra, y ha generado un amplio debate sobre el alcance de las decisiones constitucionales en procesos penales de alta relevancia política.
Este fallo marca un giro significativo en uno de los casos más emblemáticos del sistema judicial peruano, y podría tener implicancias tanto en el ámbito político como en la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción.
