El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido ampliar hasta el año 2030 el plazo para que el Gobierno peruano implemente soluciones que reduzcan el hacinamiento en los penales.
Inicialmente, el Ejecutivo había solicitado 2 años y 7 meses adicionales, pero el TC determinó que se requerían 5 años más para abordar el problema de manera efectiva. La medida responde a la necesidad de superar lo que el tribunal ha calificado como un «estado de cosas inconstitucional», debido a la sobrepoblación crítica en los establecimientos penitenciarios.
Como parte de esta decisión, el TC ha ordenado que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presenten informes anuales sobre los avances en la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030. Estos informes deberán ser entregados cada mes de enero, con el objetivo de garantizar un seguimiento constante y verificar el cumplimiento de las metas establecidas.
El fallo también establece que, si no se logra una reducción significativa del hacinamiento, el Gobierno deberá cerrar seis penales con los mayores niveles de sobrepoblación.
La ampliación del plazo busca dar al Ejecutivo el tiempo necesario para ejecutar medidas concretas que mejoren la infraestructura penitenciaria y optimicen la gestión de los centros de reclusión.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, saludó también esta decisión e indicó que lo toman «con mucho entusiasmo, pero también con mucha serenidad”.
“Es resultado de una serie de acciones que se ha venido ejecutando y que continuaremos con ahínco y énfasis para que en el 2030 – y si fuera antes- se logre el objetivo de deshacinar los penales”, declaró en Canal N.
