El Gobierno oficializó la designación de Shadia Valdez Tejada como presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mediante la Resolución Suprema N.º 032-2026-JUS. Su nombramiento llega tras la salida de Iván Paredes, cuestionado por denuncias de sobornos y contrataciones irregulares, lo que obligó a un relevo en la conducción del sistema penitenciario.
Valdez es abogada con estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Jorge Basadre Grohmann, y obtuvo su título profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Desde noviembre de 2025 se desempeñaba como viceministra de Justicia, cargo que le permitió involucrarse directamente en políticas de reforma judicial y penitenciaria. En el ámbito político, fue candidata al Congreso en 2021 por el partido Podemos Perú, agrupación a la que aportó recursos económicos durante la campaña.
La nueva jefa del INPE enfrenta un escenario complejo:
- Sobrepoblación carcelaria: más de 100 mil internos en cárceles a nivel nacional, muchas con hacinamiento crítico.
- Corrupción interna: denuncias por irregularidades en contrataciones y beneficios indebidos a internos.
- Infraestructura y seguridad: necesidad de mejorar las condiciones de los penales y reforzar la seguridad frente a organizaciones criminales que operan desde las cárceles.
- Reinserción social: fortalecer programas de rehabilitación y reinserción, debilitados por falta de recursos.
El Gobierno peruano destacó que la designación busca recuperar la credibilidad institucional y garantizar un manejo más eficiente de los centros penitenciarios. Analistas advierten que su pasado político podría generar debate sobre la independencia del INPE, aunque su experiencia en el Ministerio de Justicia le otorga respaldo técnico. Por su parte, organizaciones de derechos humanos esperan que su gestión priorice la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales de los internos.
La llegada de Shadia Valdez Tejada al INPE representa un intento del Ejecutivo por recomponer una institución golpeada por la crisis y la desconfianza pública. Su perfil combina experiencia política y técnica, pero su gestión estará bajo escrutinio por la magnitud de los retos: desde el hacinamiento y la corrupción hasta la necesidad de garantizar que el sistema penitenciario cumpla con su función de rehabilitación y seguridad.
