El congresista Idelso García, de la bancada Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que propone establecer el delito de terrorismo urbano y sancionarlo hasta con 30 años de cárcel, a fin de fortalecer la seguridad.
Para tal fin, el proyecto modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, a fin de sancionar con 30 años de cárcel si el accionar provoca la muerte de una o más personas o si los daños causados a bienes públicos y privados impiden la prestación de servicios esenciales.
Se sancionará con 25 años si el accionar genera daño materia contra a propiedad pública y privada, si se obliga a participar de los mismos a menores de edad o si se llegase a producir lesiones graves a terceras personas.
Y con 20 años de prisión a las personas que faciliten armas, herramientas o información para tales actos, así como el reglaje de posibles víctimas o información personal de estas.
La iniciativa considera como terrorismo urbano si la motivación de quienes mantienen en estado de zozobra a la población, son actos contra la vida, la libertad y la seguridad, contra el patrimonio, edificios públicos, entre otros, además de ser impulsada por el deseo de obtener una compensación económica mediante amenazas y coacción.