Los casos graves de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos en el marco de actos de corrupción serán sancionados con cadena perpetua, de acuerdo a un proyecto de ley presentado por el congresista Alfredo Pariona.
Para ello, la iniciativa propone incorporar el artículo 425-A en el Código Penal, a fin de que se impongan esta pena tomando en cuenta la gravedad del caso, el perjuicio al patrimonio del Estado y/o la afectación a la correcta administración pública.
La máxima sanción, de acuerdo a la propuesta, será para los casos graves de abuso de autoridad, condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios; nombramiento, designación, contratación encargatura o aceptación ilegal del cargo; concusión; cobro indebido; patrocionio ilegal, y peculado.
Asimismo, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho en diferentes modalidades, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
En la fundamentación, el congresista Pariona afirma que la corrupción es un mal endémico que golpea al Perú. De acuerdo a la estimación de la Corrupción e inconduca funcional 2022 y Control gubernamental 2023 de la Contraloría, la corrupción supera los 24 millones de soles.
Asimismo, indica que la Defensoría del Pueblo, en agosto del 2023, publicó el informe Corrupción en cifra: casos de tramite a nivel nacional, identificó 40 mil proceso sobre corrupción en trámite desde diciembre de 2022.
Esta situación, según precisa, da cuenta que «los actos de corrupción en la administración pública están vigentes y que no existe un ánimo de enmienda respecto de las nuevas generaciones de funcionarios públicos».
“El funcionario público tiene la confianza de la población en que protegerá adecuadamente los recursos que sirven para la garantía de los derechos fundamentales de todos, a través de una adecuada y suficiente prestación de los servicios públicos”, apuntó.
En ese sentido, advierte que la gravedad de un delito contra la administración pública cometido por un funcionario público no debería ser pasado por alto, con relación a la sanción que se regula para otros delitos de gravedad, en función del bien jurídico que protege.
“Este tipo de delitos debe ser castigado con la máxima sanción que prevé el Código Penal como es la cadena perpetua”, señala la iniciativa.
