La congresista Norma Yarrow presentó un proyecto de ley que propone la «muerte civil» de los funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción contra la administración pública.
Con ese propósito se establece modificar el artículo 36 del Decreto Legislativo 635, Código Penal. «Incapacidad definitiva para prestar servicios bajo cualquier modalidad en toda institución pública, para aquel funcionario que haya sido condenado con sentencia firme, por la comisión de los delitos contra la administración pública», agrega la propuesta.
La parlamentaria indicó que el proyecto «se justifica básicamente en la necesidad de establecer un carácter definitivo a la figura de la inhabilitación, esto es, que se enmarque en lo que respecta a la ‘inhabilitación perpetua’, en caso el funcionario público haya sido condenado con sentencia firme, por delitos contra la administración pública».
En ese sentido, «la problemática por resolver con mi iniciativa legislativa es la corrupción, la misma que destruye las instituciones, obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo, reduce la confianza pública y la legitimidad».
En cuanto a la modificación del artículo 382 del DL 635, precisa que el delito de concusión se configura también cuando el funcionario o servidor público «se vale de terceros para cometer el delito».
«Mi proyecto identifica a aquellos funcionarios y servidores públicos que ejercen cargos de poder que, por su propia naturaleza y jerarquía deben de tener una sanción mucho más grave, esto es, inhabilitándolos de modo perpetuo», concluyó la legisladora.
