Polémica por nueva directiva que permite a funcionarios de Palacio recibir obsequios sin límite de valor

Una reciente norma aprobada por el Despacho Presidencial ha generado controversia en el ámbito político y legal. Se trata de la Directiva 004-2025-DP/SG, que flexibiliza las restricciones para la recepción de regalos, donaciones y beneficios por parte de la presidenta Dina Boluarte y los funcionarios de Palacio de Gobierno.

La directiva fue elaborada, revisada y aprobada en menos de 24 horas por un equipo estratégico que incluye las oficinas de Integridad Institucional, Recursos Humanos, Planeamiento, Asesoría Jurídica y la Subsecretaría General. Aunque el artículo 8 mantiene la prohibición general de recibir obsequios, el artículo 11 introduce amplias excepciones que permiten la entrega de regalos sin establecer límites de valor.

Entre las excepciones figuran:

  • Regalos provenientes de comunidades rurales, gobiernos locales, regionales o instituciones nacionales e internacionales.
  • Obsequios por motivos personales como onomásticos, aniversarios, logros académicos o profesionales.
  • Beneficios como viajes, estadías y participación en actividades académicas o laborales organizadas por entidades externas.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, defendió la medida señalando que se trata de una norma “transparentada y legal” que reconoce las costumbres de las comunidades hacia sus autoridades. Sin embargo, especialistas en derecho y exprocuradores anticorrupción han advertido que la norma abre la puerta a posibles actos de corrupción, como tráfico de influencias o cohecho, al no establecer controles ni topes económicos.

La Presidencia de la República emitió un comunicado asegurando que la directiva no busca beneficios personales y que se aplican lineamientos para el registro y disposición de los obsequios recibidos. No obstante, persisten los cuestionamientos sobre la rapidez del trámite y la amplitud de las excepciones.

Este cambio normativo se suma a otras decisiones recientes que han generado debate, como el incremento salarial de la presidenta, aprobado por el mismo grupo de funcionarios que elaboró esta directiva.

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