El Congreso de la República ha aprobado una controvertida ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
La norma, que excluye a procesados por terrorismo y corrupción, también permite que personas mayores de 70 años se acojan a este beneficio, lo que podría favorecer a sentenciados en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
Diversos especialistas y organizaciones han advertido que esta ley contraviene tratados internacionales suscritos por el Perú, especialmente los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 declaró inválidas leyes similares por considerar que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos.
El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, alertó que esta norma podría generar una nueva resolución internacional contra el Estado peruano por desacato a sentencias previas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la medida como un “retroceso histórico en la lucha contra la impunidad”, mientras que Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, denunció que esta amnistía representa un acto de corrupción política, al utilizar el poder legislativo para proteger a responsables de graves violaciones. En medio del rechazo ciudadano y el llamado de la congresista Ruth Luque para reconsiderar la votación, el país enfrenta una nueva crisis institucional que pone en juego su credibilidad internacional y el derecho a la justicia de cientos de víctimas.
