El Poder Judicial evalúa el pedido del Ministerio Público para imponer seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011–2014). Los casos están relacionados con la ampliación del Hospital Regional de Moquegua y la ejecución del proyecto agrario Lomas de Ilo.
Según la Fiscalía, las irregularidades se habrían producido en los procesos de licitación de ambas obras. En el caso del hospital, el contrato fue adjudicado a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). En tanto, el proyecto Lomas de Ilo, parte del sistema hidráulico Pasto Grande, fue asignado al consorcio Obrainsa-Astaldi, que presentó una oferta de aproximadamente 86 millones de soles, muy por debajo de los 249 millones propuestos por el consorcio competidor San Invercom.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acusa a Vizcarra de ser presunto autor de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir, a raíz del presunto direccionamiento de las licitaciones en beneficio de determinadas empresas.
La acusación sostiene que Vizcarra habría recibido sobornos por un total de 2.3 millones de soles. En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión: nueve años por el caso del hospital y seis años por el proyecto Lomas de Ilo. Además, se solicita una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos, la cual se sumaría a las ya impuestas por el Congreso (de cinco y diez años, respectivamente).
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha demandado una reparación civil de 4.6 millones de soles, a ser pagada por Vizcarra y las empresas involucradas como terceros responsables.
Uno de los elementos clave es el testimonio de un colaborador eficaz, quien asegura que Elard Tejada, gerente de Obrainsa, habría coordinado con Vizcarra en noviembre de 2013 para asegurar la adjudicación del proyecto. Según dicha versión, el entonces gobernador regional le proporcionó información privilegiada sobre el monto máximo que debía ofertar y, a cambio, solicitó un soborno de S/ 1,016,212, equivalente al 2 % del valor total de la obra. Para el hospital de Moquegua, el exmandatario habría recibido otros S/ 1.3 millones por la firma del contrato.
Entre los investigados también figuran los exdirectivos de ICCGSA, Fernando Castillo y Rafael Granados.
La defensa de Vizcarra ha solicitado postergar el inicio del juicio oral, alegando vulneraciones al debido proceso y al principio de legalidad procesal penal.
