El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó una propuesta de modificación al Código de Ejecución Penal con el objetivo de fortalecer el Régimen Cerrado Especial y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. La iniciativa forma parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.
La reforma busca impedir que personas condenadas por delitos graves accedan a beneficios penitenciarios o progresen hacia regímenes menos estrictos, al representar un alto riesgo para la seguridad pública.
Entre los principales ejes de la propuesta se encuentra la restricción de beneficios penitenciarios para internos sentenciados por delitos de especial gravedad como extorsión, sicariato y homicidio calificado. Asimismo, se plantea un control judicial específico sobre la redención de pena por educación y trabajo, cuando esta sea utilizada para adelantar la excarcelación.
El proyecto también incorpora la creación de una etapa de máxima seguridad dentro del Régimen Cerrado Especial, destinada exclusivamente a internos de peligrosidad extrema. Su permanencia y progresión estarán sujetas a criterios de excepcionalidad reforzada, con el propósito de impedir su acceso a un régimen más flexible.
Otra medida relevante es la implementación de un sistema de clasificación automática y obligatoria para personas condenadas por delitos de alto impacto social.
