
El expresidente Martín Vizcarra fue oficialmente internado este jueves 14 de agosto en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, Lima, donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva ordenados por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Vizcarra llegó al establecimiento penitenciario en una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), escoltado por efectivos de la Policía Nacional, en medio de un fuerte despliegue de seguridad. Con su ingreso, se convierte en el quinto exmandatario peruano recluido en este penal, junto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.
La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien consideró que Vizcarra no acreditó arraigo familiar ni laboral suficiente, lo que representa un riesgo de fuga. La fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por más de 2.3 millones de soles de las empresas ICCGSA y Obrainsa, vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ejecutados entre 2011 y 2014.
El INPE confirmó la clasificación de Vizcarra al penal Barbadillo y aseguró que se respetarán sus derechos durante el cumplimiento de la medida, bajo estricta vigilancia y conforme a ley. En los exteriores del penal se registró escasa presencia de simpatizantes, sin manifestaciones del partido Perú Primero, fundado por el exmandatario.
La defensa legal de Vizcarra, encabezada por el abogado Erwin Siccha, anunció que presentará un recurso de apelación para revertir la prisión preventiva. De ser aceptado, podría modificar su situación legal antes de que se cumpla el plazo establecido por el Poder Judicial.
Vizcarra había sido recluido inicialmente en la carceleta del Palacio de Justicia, en La Victoria, tras la audiencia judicial en la que se dictó la medida. El juez argumentó que la comparecencia simple no era suficiente para garantizar su juzgamiento, especialmente tras la reciente derogación de reglas de conducta por parte del Congreso.
La situación del expresidente será seguida de cerca en los próximos días, mientras se espera el desarrollo del proceso judicial y la respuesta a los recursos legales interpuestos por su defensa.