El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles 22 de octubre el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a ambas jurisdicciones.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, priorizando intervenciones en zonas críticas determinadas a partir de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
Durante la vigencia del estado de emergencia, se restringen derechos constitucionales como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito, conforme al artículo 137 de la Constitución.
Además, se establecen requisitos especiales para la realización de actividades masivas, como eventos religiosos, culturales o deportivos, que deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso previo.
Coordinación interinstitucional y despliegue de fuerzas combinadas
El decreto contempla la activación permanente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y de los comités regionales y distritales de seguridad ciudadana en Lima y Callao. Asimismo, se conforman cuatro comités de coordinación:
- El Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por el Comandante General de la PNP, coordinará las acciones operativas.
- El Comité de Inteligencia (CI), encabezado por la Dirección Nacional de Inteligencia, integrará a diversas entidades de inteligencia del Estado.
- El Comité de Fiscalización (CF), presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, supervisará aspectos vinculados a telecomunicaciones, migraciones, armas, drogas y transporte.
- El Comité de Comunicación Estratégica (CCE), liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se encargará de la estrategia comunicacional del estado de emergencia.
Medidas específicas: control penitenciario, patrullajes y operativos
Entre las disposiciones más destacadas se encuentran:
- Restricción de visitas en penales: una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una quincenal para el régimen cerrado especial, limitada a familiares cercanos.
- Apagón eléctrico en celdas, permitiendo solo iluminación básica.
- Desmontaje de antenas de telecomunicaciones ilícitas, a cargo de las Fuerzas Armadas.
Las fuerzas combinadas —integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal— realizarán patrullajes a pie, operativos de control de identidad, búsqueda de requisitoriados y resguardo de instituciones públicas. También se prohíbe el tránsito de dos adultos en motos lineales y se intensificará el control de vehículos con documentación irregular.
Se ejecutarán operativos masivos para decomisar armas, explosivos y pirotécnicos ilegales, así como para fiscalizar la fabricación y comercialización de estos productos. Además, se realizarán pruebas de confiabilidad con polígrafo a personal del INPE y otros funcionarios, según lo determine el CONASEC.
Justicia rápida y lucha contra mercados ilegales
El decreto también contempla el fortalecimiento de las unidades de flagrancia para agilizar la respuesta judicial ante delitos cometidos durante el estado de emergencia. Se brindará seguridad especial a fiscales y jueces que intervengan en casos de criminalidad organizada.
Finalmente, se intensificarán los operativos contra mercados ilegales vinculados a la delincuencia, como la trata de personas, el narcotráfico, el comercio ilegal de armas, autopartes y la venta informal de chips y celulares usados en delitos como extorsión y secuestro.
Con estas medidas, el Gobierno busca recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana en dos de las zonas más afectadas por la criminalidad en el país.
