Con el objetivo de fortalecer el control del orden interno frente a la minería ilegal, el crimen organizado y la presencia de grupos hostiles en diversas regiones del país, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Pataz y el centro poblado de Chagualito (La Libertad); en los distritos de las provincias de Tambopata y Manu (Madre de Dios); y en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (Loreto).
En la provincia de Pataz y en Chagualito, distrito de Cochorco (Sánchez Carrión), las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional. La medida incluye inmovilización social obligatoria en Pataz desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, con el propósito de reforzar la seguridad y garantizar el control territorial en una zona afectada por la minería ilegal.
En las provincias fronterizas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, las Fuerzas Armadas también estarán a cargo del orden interno para enfrentar a grupos hostiles y fortalecer el control migratorio y fluvial. La declaratoria contempla la participación multisectorial mediante el Comité Estratégico de Orden Interno y el Comando Unificado Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, responsables de operaciones militares integradas, interdicción contra el narcotráfico y la minería ilegal, así como vigilancia en los puestos fronterizos del río Putumayo y del Yavarí.
En Madre de Dios, la medida se aplicará en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata), y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe (provincia de Manu). En estas jurisdicciones, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas que afectan la seguridad regional.
Con estas declaratorias aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno reafirmó su compromiso de asegurar una presencia sostenida del Estado en zonas priorizadas, proteger a la ciudadanía y consolidar acciones firmes contra organizaciones criminales que amenazan la seguridad y el desarrollo del país.
