El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a estas jurisdicciones.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, basándose en inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos técnicos.
La declaratoria implica la restricción o suspensión de derechos como:
• Inviolabilidad del domicilio
• Libertad de tránsito
• Libertad de reunión
• Libertad y seguridad personales
Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Aquellas que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso.
Normativa aplicable
La intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se regirá por los decretos legislativos que regulan el uso de la fuerza en el territorio nacional, así como por su reglamento y demás normativa vigente.
Sesión permanente de órganos de seguridad
El decreto establece que, mientras dure el estado de emergencia, permanecerán en sesión permanente:
• El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)
• El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana
• El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) del Callao
• El Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC)
• El Comando y los comités constituidos en el decreto supremo
La disposición lleva las firmas del presidente José María Balcázar, la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles, y los ministros Luis Arroyo (Defensa), Hugo Begazo (Interior), Gerardo López (Economía y Finanzas), Luis Jiménez (Justicia y Derechos Humanos) y Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones).
