Fiscalía Suprema pide 34 años de prisión para Pedro Castillo

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, luego del fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022.

Asimismo, el Ministerio Público pidió 25 años de prisión contra los exministros Betssy Chávez Chino, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas; y los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Además, solicitó 15 años de pena privativa de la libertad contra el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres.

La acusación fiscal fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien en los próximos días deberá iniciar la etapa de control del contenido de este documento con la participación de las partes involucradas a fin de determinar si el caso ingresa a la etapa de juicio oral.

De momento, Castillo Terrones afronta 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate. Del mismo modo, Chávez Chino cumple 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario anexo de mujeres en Chorrillos.

APELACIÓN

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó Pedro Castillo para revocar el mandato de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso, por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, y se ordene su excarcelación.

El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por el exmandatario, a través de su defensa legal, cumplió los requisitos que establece el Código Procesal Penal para ser admitido. Ante ello, resolvió “conceder” este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para analizarlo con la participación del exmandatario y las partes involucradas para emitir un veredicto.

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