El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur presentó acusación fiscal y solicitó 10 años y cuatro meses de prisión contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.
El pedido fiscal es también para el exdirector ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Víctor Manuel Gómez Rodríguez, y al exjefe del gabinete de asesores, Iván Julio Kamisaki Sotomayor.
De acuerdo al requerimiento fiscal, Humala Tasso habría intercedido para que Gómez Rodríguez acordó con el representante de la empresa israelí Verint Systems Ltd., Shafrir Paz, a fin adquirir un equipo de interceptación telefónica legal, valorizado en 21 millones 600,000 dólares, como parte del «Proyecto Pisco».
Lo curioso de la adquisición es que, una vez que se obtuvo el equipo, este fue donado al Ministerio del Interior (Mininter) para la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dicho proyecto nunca se hizo realidad. Asimismo, el plan del exjefe de Estado incluía un presupuesto de US$840.000 para la capacitación de 12 personas encargadas del manejo de estos aparatos.
Sin embargo, las mismas no habían acordado firmar un contrato para prestar sus servicios durante un periodo establecido. Esto sucedió en 2012 cuando el sector contaba con S/20 millones para recursos especiales.
El Proyecto Pisco contemplaba, además, la compra de computadoras y desarrollo de softwares para interceptar redes de comunicaciones: desde llamadas por teléfonos fijos y celulares hasta chats en aplicativos usados con internet. Asimismo, se hubiera podido geolocalizar los equipos interceptados a través de alertas que arrojara el sistema.
Cabe destacar que los hechos ocurrieron en el 2012, año en que dicha institución contaba con 20 millones de soles de presupuesto por recursos especiales.
