La reciente reforma a la Ley de Pérdida de Dominio ha generado controversia y críticas por parte del Ministerio Público, que advierte sobre posibles riesgos en su aplicación y afectaciones al debido proceso.
En un comunicado oficial, la institución expresó su preocupación respecto a ciertos aspectos de la modificación, señalando que podría debilitar la capacidad de las autoridades para decomisar bienes vinculados al crimen organizado. «Esta reforma introduce cambios que limitan la acción penal y pueden generar obstáculos en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción», manifestó un portavoz del Ministerio Público.
Además, algunos fiscales han alertado sobre el posible impacto negativo en casos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, argumentando que los nuevos criterios de confiscación podrían dificultar la recuperación de activos obtenidos ilegalmente.
La reforma, que fue aprobada con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y reducir controversias en torno a la propiedad de bienes incautados, ha desatado un intenso debate entre legisladores, juristas y organismos de control. Mientras sus defensores aseguran que garantiza mayor seguridad jurídica, sus críticos sostienen que podría favorecer a personas investigadas por delitos graves.
El Ministerio Público ha solicitado una revisión de la reforma para asegurar que no afecte las capacidades del Estado en la lucha contra la criminalidad. En los próximos días, se espera que representantes gubernamentales y expertos en derecho analicen posibles ajustes a la nueva normativa.
El Congreso aprobó una reforma a la Ley de Pérdida de Dominio con el objetivo de agilizar el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente y reforzar el combate contra el crimen organizado y la corrupción. La medida busca cerrar vacíos legales que han permitido a personas involucradas en actividades ilícitas conservar propiedades obtenidas mediante el narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.
Con la modificación, el proceso de pérdida de dominio será más eficiente, permitiendo que el Estado recupere bienes de manera más rápida y los destine a fines públicos. Además, se establecen criterios más estrictos para determinar la vinculación de bienes con actividades delictivas y se reduce el tiempo de litigios en casos de confiscación.
El debate en el Congreso estuvo marcado por posiciones encontradas. Mientras algunos legisladores defendieron la reforma como una herramienta clave para combatir el enriquecimiento ilícito, otros expresaron preocupación por posibles afectaciones a derechos de propiedad y garantías judiciales.
Expertos en derecho han señalado que esta modificación representa un avance en la legislación, pero advierten que su implementación dependerá de la correcta aplicación por parte de jueces y fiscales, evitando arbitrariedades o excesos que puedan afectar a ciudadanos inocentes.
