El Poder Ejecutivo promulgó hoy el Decreto Legislativo 1582 mediante el cual se modifican e incorporan diversos artículos de la Ley de Migraciones, estableciendo, entre otros aspectos, el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (Pasee), para la expulsión de personas extranjeras, en dos casos específicos.
Este se aplicará a quienes cometan infracciones tipificadas en los literales d) y f) del numeral 58.1 del artículo 58 de la Ley de Migraciones; es decir, por ingresar al país sin control migratorio y/o realizar actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
En los demás supuestos de expulsión se mantendrá el procedimiento administrativo sancionador ordinario, señala el decreto publicado en El Peruano con las firmas de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el titular del Interior, Vicente Romero.
El procedimiento excepcional, entre sus actuaciones, desarrolla una audiencia única, la misma que puede ser virtual o presencial, y no podrá exceder las 24 horas contabilizadas desde la retención administrativa efectuada por la Policía Nacional del Perú.
Constará de una fase instructora y una sancionadora, e inicia con la imputación de cargos que realiza la autoridad instructora de Migraciones, sobre la base de un informe de la Policía Nacional; y culmina con la notificación de la resolución emitida por la autoridad sancionadora de la entidad.
En caso de comprobarse la comisión de la infracción, Migraciones emite la resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata. En caso se requiera de actuaciones adicionales indispensables para resolver el procedimiento especial o vencido el plazo, el caso será encauzado bajo las disposiciones del procedimiento administrativo sancionador ordinario.
El decreto establece que la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo emprender las diligencias de investigación preliminar.
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Entre otros aspectos, este decreto legislativo faculta a la superintendencia a sancionar a las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas extranjeras irregulares.
