El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Ejecutivo aprobará un decreto legislativo que permitirá que los gobiernos regionales y locales utilicen recursos del canon y sobre canon para invertirlos en seguridad ciudadana en sus jurisdicciones.
Este anuncio fue secundado por el ministro del Interior, Vicente Romero, quien indicó que así se podrá equipar y mejorar la infraestructura de la Policía Nacional.
«Este decreto permite a los gobernadores regionales y alcaldes poder usar e invertir el canon y sobre canon en materia de equipamiento e infraestructura en la Policía Nacional; en resumen, mejorar la seguridad ciudadana en este sector”, sostuvo.
Según el ingeniero Luis Goytizolo, director de la Oficina General de Infraestructura de la PNP, su sector tiene identificada una importante «brecha en infraestructura» en la Policía.
«Son 1323 comisarías de las cuales el 60 % deben ser intervenidas en infraestructura», sostuvo. Por ello, resaltó que el proyecto anunciado por el Ejecutivo permitirá que se disponga de «S/ 3 mil millones en proyectos de inversión».
«Necesitamos más de S/ 3 mil millones para aminorar en un 13 % la brecha completa del sector Interior. Hemos identificado intervenciones en 197 comisarías a nivel nacional, 13 escuelas de formación para policías, laboratorios de criminalística en regiones, la brecha en la red de salud policial, en los centros educativos de hijos de policías», aseveró.
Por su parte, el general Víctor Zanabria Angulo, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la PNP, indicó que el sector tiene problemas como «carencia de escuelas para formar nuevos policías, problemas de salud, escasos recursos de la familia policial para el sistema hospitalario, el equipamiento (…) en vehículos, sistemas de video vigilancia y otros».
«La criminalística (es) base fundamental del sistema procesal que se ha implementado en el Perú (…), la PNP carece de laboratorios a nivel nacional», resaltó.
«No tenemos un laboratorio de voz que pueda reconstruir y pericialmente evidenciar quién es el que está haciendo las llamadas extorsivas. Ya hemos hecho un mapeo de en qué lugares deben hacerse los principales laboratorios», agregó.
Además, indicó que, en el caso del delito de sicariato, la falta de laboratorios dificulta la identificación de las personas por absorción atómica.
