El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Voces del Pueblo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y sus 18 ministros, acusándolos de los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, tras la aprobación del aumento de la remuneración presidencial a más de S/35,000 mensuales.
Según el documento presentado por los dirigentes Ronald Atencio Sotomayor y Luis Trinidad Abarca, el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, firmado por la propia presidenta y el ministro de Economía, vulnera la Ley N.º 28212, que establece un tope salarial de S/26,000 para el cargo de presidente de la República. Los denunciantes sostienen que el Ejecutivo incurrió en un abuso del poder normativo al emitir un decreto supremo —norma de menor jerarquía— que contraviene una ley vigente.
La denuncia también señala que el incremento salarial afecta los principios de equidad, austeridad y legalidad en la función pública, comprometiendo recursos del Estado para beneficio personal. El aumento fue justificado por el Gobierno bajo el argumento de que se enmarca en la Ley del Servicio Civil y que no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial.
En respuesta, el Congreso ha recibido ocho proyectos de ley impulsados por diversas bancadas, entre ellas Juntos por el Perú y el Bloque Democrático Popular, que buscan anular el aumento por considerarlo ilegal e inconstitucional.
Por su parte, la presidenta Boluarte defendió el incremento, asegurando que se trata de una medida de “sinceramiento salarial” y que “nadie está al margen de la ley”. Sin embargo, la controversia ha generado un amplio rechazo ciudadano y ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en el ejercicio del poder.
