Ante la próxima audiencia de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, la Contraloría General de la República señaló que su aprobación amenazaría gravemente la lucha contra la corrupción.
A través de un comunicado, la entidad informó que dicha demanda contra la Ley N° 31288, que ha restituido la capacidad sancionadora a la Contraloría, fue presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 26 de julio de 2021.
Dicho dispositivo legal estableció 32 infracciones administrativas restituyendo a la Contraloría la capacidad de sancionar, con efectividad, a los malos funcionarios y servidores públicos.
Así, de acuerdo con la entidad, el declarar fundada la ya mencionada demanda supondrá un lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente a la corrupción, dejando sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados.
Ello debido a que mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley, que incluyen hechos graves como el favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (caso Marka Group), las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín, la adjudicación para la compra de Biodiesel por parte de ex funcionarios de PetroPerú y otros.
La demanda será analizada por el TC el próximo lunes 24 de agosto.
