La fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, reafirmó la legitimidad de su designación al frente del Ministerio Público, respaldada —según indicó— de forma unánime por la Junta de Fiscales Supremos. No obstante, expresó su rechazo a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la reposición de Patricia Benavides Vargas en el cargo, al considerar que dicha medida vulnera su elección legal.
Espinoza solicitó formalmente ser convocada a una audiencia ante el pleno de la JNJ para exponer su posición. “Estoy ejerciendo el derecho que me otorga la ley para oponerme a esta decisión. No es desacato, es un acto legal”, declaró en un pronunciamiento difundido en redes sociales.
La magistrada señaló que fue notificada el 16 de junio sobre la resolución que restituye a Benavides, pero que el documento recibido carecía de las firmas completas del colegiado, lo que —según afirmó— contraviene los requisitos legales. Por ello, ha solicitado en tres ocasiones el acta y el video de la sesión en la que se deliberó y votó dicha decisión, en aras de la transparencia institucional.
Además, Espinoza presentó una demanda de amparo ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, la cual fue admitida a trámite. Saludó que Patricia Benavides haya solicitado ser incorporada al proceso, lo que —dijo— confirma que se trata de una controversia judicial que debe ser resuelta por el Poder Judicial.
En paralelo, denunció que recibió un oficio de la JNJ exigiendo la reposición inmediata de Benavides bajo apercibimiento de recurrir a la fuerza pública. Espinoza respondió devolviendo la documentación, argumentando que lo solicitado excede las competencias de la JNJ.
Asimismo, informó que la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la JNJ un pronunciamiento sobre los efectos de su resolución, al tiempo que ratificó su respaldo a la elección de Espinoza como titular del Ministerio Público.
Finalmente, la fiscal de la Nación comunicó que ha puesto en conocimiento de diversas instituciones del Estado —incluyendo el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional— los hechos ocurridos, y exhortó a las autoridades a no intervenir ni desinformar sobre el caso. “La única vía de solución es el respeto al orden constitucional y al Estado de derecho”, concluyó.
