Un informe interno de la Defensoría del Pueblo ha desatado una fuerte polémica política, al revelar que su titular, Josué Gutiérrez, habría promovido una propuesta para restringir las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, en lo que diversos sectores califican como un intento de blindaje institucional.
Según el diario La República, el informe, titulado “Propuestas para fortalecer la institucionalidad democrática” y elaborado en septiembre de 2024, fue presentado ante el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, donde participan altos funcionarios del Estado, incluida la propia Boluarte. En él, Gutiérrez propone modificar el artículo 117 de la Constitución, limitando aún más las causales por las que un presidente en funciones puede ser investigado.
De aplicarse esta reforma, la jefa de Estado solo podría ser indagada por delitos como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o bloquear organismos electorales. Esto dejaría fuera casos como el escándalo de los relojes Rolex o las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
La propuesta contrasta con la posición que la Defensoría del Pueblo sostuvo en 2022, cuando bajo la gestión de Walter Gutiérrez defendía que el presidente sí podía ser investigado, aunque no acusado. La constitucionalista Beatriz Ramírez criticó el giro argumental, señalando que carece de fundamentos técnicos y refleja una preocupante alineación con el Ejecutivo.
Además, el informe no fue publicado en la web institucional y se mantuvo bajo reserva, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión actual.
Josué Gutiérrez ha negado que su propuesta busque blindar a Boluarte, asegurando que su intención es “fortalecer la figura presidencial”. Sin embargo, su participación como amicus curiae en el proceso competencial presentado por Boluarte ante el Tribunal Constitucional —donde respaldó abiertamente la posición del Ejecutivo— ha alimentado la percepción de que la Defensoría se ha convertido en un aliado político del Gobierno.
La Fiscalía de la Nación, por su parte, ha reiterado que las investigaciones preliminares contra la presidenta seguirán en curso, aunque no puedan derivarse al Congreso mientras esté en funciones.
