La tragedia que ha conmocionado a la Policía Nacional del Perú y a la sociedad en general tuvo un desenlace doloroso: el hallazgo del cuerpo sin vida de la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años, quien llevaba desaparecida desde el 21 de febrero.
La agente fue encontrada en una zona agreste cercana a Paltay, en la ruta hacia Huaraz, Áncash, tras seis días de intensa búsqueda.
El principal sospechoso del crimen es su colega y también policía, José Enrique Villafán Arteaga, quien finalmente confesó y guió a las autoridades hasta el lugar donde se hallaron los restos.
Según las investigaciones, Rucana fue vista por última vez subiendo a la camioneta de Villafán, lo que levantó las primeras sospechas sobre su participación en la desaparición.
El Poder Judicial dictó contra él nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de secuestro, mientras se amplían las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del asesinato.
El caso ha generado gran indignación, no solo por tratarse de una integrante de la institución policial, sino porque el presunto responsable también pertenece a la misma fuerza del orden.
Este hecho ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y control dentro de las instituciones públicas.
La familia de Marleni Rucana exige justicia y una sanción ejemplar para el responsable.
Organizaciones de mujeres y colectivos ciudadanos han anunciado vigilias y marchas en Huaraz y Lima, reclamando que este crimen no quede impune y que se implementen medidas más estrictas para prevenir la violencia contra las mujeres en el país.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han expresado su pesar por la pérdida de la joven suboficial y han asegurado que colaborarán plenamente con las investigaciones.
El caso de Marleni Rucana se suma a una preocupante lista de mujeres víctimas de feminicidio en el Perú, lo que evidencia la urgencia de políticas más efectivas para enfrentar esta problemática.
