Controversia por presunta intervención del ministro Raúl Pérez Reyes en adjudicación del proyecto Trasvase Olmos

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de un audio que lo vincularía con supuestas coordinaciones para adjudicar de manera directa el manejo del proyecto Trasvase Olmos a la empresa privada IEGESA SAC – White Water. La grabación, presentada por el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha generado preocupación en el ámbito político y empresarial.

En el audio se escucha a Saúl Yábar, gerente de IEGESA, afirmar que habría sostenido reuniones con el ministro Pérez Reyes y con el exministro José Salardi, en las que se habría acordado facilitar la contratación directa mediante un decreto de urgencia. Según Yábar, el ministro habría expresado su respaldo a la operación y prometido gestionar la firma presidencial para concretar el contrato.

Ante estas acusaciones, el ministro Raúl Pérez Reyes negó rotundamente cualquier vínculo con Yábar y calificó las declaraciones como una “patraña” destinada a desacreditarlo por su oposición a renovar el contrato con la empresa Novonor (antes Odebrecht), actual concesionaria del proyecto. Pérez Reyes anunció que tomará acciones legales contra Yábar y contra Ranjiro Nakano, director del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), por no haberle informado sobre la conversación contenida en el audio.

El ministro también aclaró que el contrato con Novonor vencerá en septiembre de 2025 y que no será renovado debido a impedimentos legales relacionados con actos de corrupción reconocidos por la empresa. En su lugar, se evalúan dos alternativas: que el PEOT asuma la administración del proyecto o que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego lo gestione temporalmente hasta convocar a un nuevo operador mediante concurso internacional.

La Comisión de Fiscalización ha anunciado que citará al ministro Pérez Reyes, al exministro Salardi y a los empresarios involucrados para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el Ministerio Público podría iniciar una investigación por presunto tráfico de influencias y colusión.

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