El contralor general de la República, César Aguilar, alertó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso que el presupuesto asignado a la Contraloría para el año 2026, de S/ 980.3 millones, resulta insuficiente para cumplir con sus funciones de vigilancia del gasto público y consolidación del control preventivo. Según explicó, la necesidad real de la institución asciende a S/ 1 234.8 millones, monto mínimo indispensable para sostener su operatividad a nivel nacional.
Aguilar precisó que el presupuesto proyectado representa una reducción de más del 40 % respecto al año 2024, cuando se asignaron S/ 1 575 millones. Esta disminución, advirtió, podría afectar gravemente los servicios de control en todo el país, especialmente en un contexto marcado por el inicio del periodo electoral.
“Los S/ 254.5 millones de demanda adicional que estamos solicitando son la garantía de que la Contraloría pueda llegar a todo el país, sostener el control preventivo y transformar cada sol asignado en obras reactivadas, empleos en las regiones y confianza ciudadana en el Estado”, señaló el contralor.
Aguilar destacó que, gracias al enfoque de control preventivo, se han logrado reactivar 242 obras públicas paralizadas, con una inversión recuperada superior a los S/ 4 500 millones. Estas obras, vinculadas a sectores como salud, vivienda, educación, saneamiento y transporte, han vuelto a estar al servicio de la población y han dinamizado la economía regional mediante la generación de empleo.
Para el 2026, la Contraloría proyecta la reactivación de 300 obras públicas bajo esta misma modalidad, con una inversión estimada en S/ 11 564 millones. Esta iniciativa permitiría generar más de 370 000 empleos directos e indirectos y beneficiar a más de 7.8 millones de ciudadanos en todo el país.
Además, se tiene previsto ejecutar 33 300 servicios de control, de los cuales más de 22 600 serán de carácter preventivo y simultáneo. Aguilar subrayó que, con el presupuesto solicitado, se podrá mantener a más de 4 000 auditores en los 691 órganos de control institucional, cubrir sus gastos operativos y modernizar la infraestructura tecnológica de la entidad.
Finalmente, el contralor indicó que estos recursos también permitirán cumplir con sentencias judiciales y mandatos internacionales, fortaleciendo la seguridad jurídica del Estado y asegurando un control más eficiente y transparente.
