El Consejo Fiscal expresó su preocupación por el creciente uso del mecanismo de insistencia en el Congreso de la República, que ha derivado en la promulgación de 101 leyes durante el actual periodo parlamentario 2021-2026. Estas normas, aprobadas pese a observaciones del Poder Ejecutivo, representan un costo fiscal acumulado de S/ 35,795 millones, según informó el presidente del organismo, Alonso Segura.
Segura advirtió que esta cifra supera ampliamente los registros de periodos legislativos anteriores y refleja una tendencia alarmante: el Congreso ha triplicado, en promedio, la cantidad de leyes con impacto fiscal negativo en comparación con los últimos 15 años. “No solo ha aumentado el número de normas que implican mayor gasto público o reducciones en los ingresos fiscales, sino también la magnitud de sus efectos. Muchas de estas leyes comprometen miles de millones de soles anuales, restringiendo el margen fiscal para atender otras prioridades del Estado”, explicó.
El Consejo Fiscal subrayó que esta situación pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública, pilares fundamentales del crecimiento económico del país en las últimas décadas. “Esto ocurre incluso en un contexto favorable de altos precios de exportación y de ingresos extraordinarios que podrían no repetirse en el futuro”, añadió Segura.
Asimismo, el organismo técnico señaló que el uso reiterado del mecanismo de insistencia refleja un patrón de desatención a las observaciones técnicas y legales formuladas por entidades especializadas del Estado. “Esta práctica debilita la institucionalidad fiscal y socava los mecanismos de control diseñados para asegurar una gestión responsable de los recursos públicos”, advirtió.
En paralelo, el Consejo Fiscal identificó 352 iniciativas legislativas en trámite que, de ser aprobadas, podrían generar presiones fiscales adicionales significativas. Solo las más costosas representarían un gasto estimado de S/ 25,000 millones. Muchas de estas propuestas contemplan beneficios tributarios o aumentos permanentes en el gasto previsional y laboral, lo que reduciría la flexibilidad presupuestaria y comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Finalmente, el Consejo alertó que algunas de estas medidas podrían generar inequidades y abrir la puerta a demandas de trato preferencial por parte de otros sectores, lo que agravaría aún más el panorama fiscal del país.
