La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda denunciar por infracción constitucional y sancionar con diez años de inhabilitación para ejercer función pública a la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza.
La propuesta fue respaldada por 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. En paralelo, la denuncia por infracción constitucional y presunta comisión de delitos fue aprobada con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
Asimismo, se aprobó el levantamiento del fuero de Espinoza —por 17 votos a favor, cinco en contra y una abstención— para que la Fiscalía de la Nación pueda denunciarla ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días.
No obstante, la Comisión Permanente rechazó las denuncias constitucionales y pedidos de inhabilitación contra los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, también implicados en el informe.
A Espinoza se le atribuye la presunta infracción de varios artículos de la Constitución y los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, en relación con la aprobación de un reglamento del Ministerio Público que presuntamente vulnera la Ley 32130, publicada en octubre de 2024, que fortalece la función investigadora de la Policía Nacional.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), sustentó el informe de la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín.
El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) defendió la constitucionalidad de la Ley 32130 y cuestionó que los fiscales supremos hayan desconocido su vigencia. Por su parte, Gladys Echaíz (HyD) sostuvo que el Ministerio Público actuó conforme a la Constitución al reglamentar su función investigadora. Edgar Reymundo (BDP) también se mostró en contra de la denuncia, calificándola como un “despropósito”.
Durante su intervención, el abogado defensor Samuel Abad argumentó que sus patrocinados no han cometido infracción alguna y que el Congreso no tiene competencia para determinar la violación de leyes ni imponer sanciones penales.
Tras conocer la decisión, Delia Espinoza calificó la medida como un “quiebre del estado constitucional” y una “venganza política por perseguir el delito”. Afirmó que el Parlamento busca destituirla por no ser una fiscal “conveniente ni amistosa” y anunció que acudirá al Pleno del Congreso cuando sea citada.
Espinoza también aclaró que no participó en la elaboración ni aprobación del reglamento que originó la denuncia en su contra. El informe final deberá ser debatido próximamente por el Pleno del Congreso.
