En una decisión calificada como histórica por gremios del magisterio, el Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley que establece un aumento significativo en las pensiones de los docentes jubilados y cesantes. La medida beneficiará a más de 162 mil maestros en todo el país, quienes verán sus ingresos mensuales equiparados a la remuneración íntegra mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en 3.300 soles.
La iniciativa, respaldada por 66 votos a favor y ninguna oposición, busca corregir una larga brecha de desigualdad previsional que afecta a los maestros retirados, muchos de los cuales sobreviven con pensiones que oscilan entre 400 y 800 soles. El dictamen incluye a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Durante el debate, representantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y otros gremios magisteriales estuvieron presentes en el hemiciclo, celebrando la aprobación como un acto de justicia. “Después de décadas de entrega a la educación, nuestros maestros merecen una pensión digna que les permita vivir con tranquilidad”, expresó Lucio Castro, secretario general del Sutep.
La legisladora Flor Pablo, una de las impulsoras del proyecto, destacó que el aumento busca cerrar la brecha entre el salario que los docentes percibían en actividad y la pensión que reciben tras jubilarse. “Muchos viven con menos del salario mínimo, lo cual es inaceptable”, señaló.
El dictamen ahora será enviado al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o lo observa. En caso de observación, el Congreso podría insistir en su aprobación. El Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio de Educación, será responsable de establecer el reglamento de implementación en un plazo de 90 días calendario.
La medida ha sido bien recibida por diversos sectores, aunque algunos expertos advierten sobre el impacto fiscal que podría generar. No obstante, para los docentes jubilados, representa un paso firme hacia la dignificación de su labor y el reconocimiento de su contribución al país.
