La ciudadela inca de Machu Picchu atraviesa una de sus peores crisis en años, con bloqueos, enfrentamientos y miles de turistas varados debido a un conflicto por la concesión del transporte turístico en la ruta Hiram Bingham. Desde el 14 de septiembre, comunidades locales iniciaron un paro indefinido exigiendo el ingreso de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, adjudicada temporalmente tras el vencimiento del contrato de la empresa Consettur, que operó el servicio por más de 30 años.
El conflicto se agravó cuando PerúRail denunció sabotajes en las plataformas ferroviarias destinadas al traslado de los nuevos buses, lo que obligó a suspender el servicio de trenes. Esto dejó atrapados a más de 2,000 turistas en Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo, algunos de los cuales han perdido vuelos internacionales.
Las protestas también han generado enfrentamientos con la Policía Nacional, dejando al menos 10 heridos. A pesar de una tregua de 72 horas acordada en mesa de diálogo, el servicio ferroviario sigue suspendido por daños en la vía férrea en el sector de Ccorihuayrachina.
El impacto económico es severo. La Cámara de Turismo de Cusco estima pérdidas de más de S/50 millones solo en 2025, mientras que gremios como Apotur advierten que el turismo receptivo podría caer hasta en un 30 %, lo que pondría en riesgo ingresos superiores a US$1,000 millones anuales.
Además, la organización internacional New7Wonders ha expresado preocupación por la gestión del santuario y evalúa retirar el título de “Maravilla del Mundo” a Machu Picchu si no se resuelve la crisis institucional y logística que afecta su operación.
Autoridades regionales, como el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, han exigido al Ejecutivo la creación de una autoridad autónoma para gestionar el Valle Sagrado, señalando que el centralismo y la falta de inversión han agravado el problema.
La situación sigue en desarrollo, con mesas de diálogo abiertas y una segunda evacuación de turistas programada, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
