Después de diez meses prófugo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Los Olivos a Hialmar Enrique Laynes Sánchez, de 56 años, acusado de acoso sexual y extorsión contra varias periodistas peruanas. El Poder Judicial había dictado contra él una orden de prisión preventiva por 18 meses el pasado 6 de junio, a solicitud de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos.
Laynes Sánchez enfrentaba múltiples denuncias desde 2023 por extorsión sexual, amenazas de muerte y acoso digital en agravio de al menos siete periodistas, entre ellas Manuela Camacho, Ximena Carrasco y Trilce Reyes2. Las víctimas fueron blanco de un hostigamiento sistemático, especialmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram.
Un patrón de acoso digital y extorsión
Según la investigación fiscal, el imputado utilizaba cuentas falsas y perfiles manipulados para infiltrarse en espacios digitales dirigidos a periodistas, donde luego enviaba mensajes de contenido sexual explícito acompañados de amenazas. Su objetivo era presionar psicológicamente a las víctimas para obtener encuentros sexuales, lo que configura un patrón de extorsión sexual digital de carácter complejo.
Las pruebas que sustentan el caso incluyen peritajes tecnológicos, análisis forense de dispositivos electrónicos, testimonios de las víctimas, actas de allanamiento y evidencias de reincidencia. Estos elementos fueron determinantes para que el Poder Judicial considerara a Laynes un peligro procesal, tanto por riesgo de fuga como por posibilidad de obstrucción de la justicia.
Un historial de detenciones y reincidencia
No es la primera vez que el acusado ha sido detenido. En julio de 2024, fue capturado tras violar las medidas de protección impuestas a favor de una de las denunciantes. Sin embargo, fue liberado pocos días después con una sentencia suspendida de cinco años, que incluía reglas de conducta como no acercarse a las víctimas ni reincidir.
Estas condiciones fueron quebrantadas casi de inmediato, lo que motivó que la jueza Emma Ruth Tambini Monge revocara la sentencia suspendida en agosto de ese mismo año. A pesar de la revocatoria, Laynes logró evadir a las autoridades y permanecer prófugo hasta su reciente detención.
Rechazo público y exigencia de justicia
El caso generó amplio rechazo público y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en entornos digitales, particularmente hacia mujeres periodistas que ejercen su labor en contextos de riesgo. Diversas organizaciones de prensa, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos exigieron celeridad y firmeza a las autoridades para evitar más casos de impunidad.
Con su captura, se espera que el proceso judicial avance sin interferencias y que se garantice justicia para las víctimas. En las próximas horas, Laynes Sánchez será trasladado a medicina legal y luego puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que determinará el penal donde cumplirá la prisión preventiva.
