La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de Flor de María Maita Luna, exfiscal provincial, quien permaneció prófuga de la justicia durante más de dos décadas. La detención se realizó el sábado 13 de septiembre de 2025, marcando el fin de una larga evasión que comenzó en 2002, cuando se dictó una orden de prisión preventiva en su contra.
Maita Luna está acusada de haber integrado la red criminal liderada por el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos. Según la Fiscalía, en su rol como fiscal superior provisional especializada en tráfico ilícito de drogas, habría recibido pagos mensuales de S/ 2,500 del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para favorecer los intereses del régimen.
Entre los elementos probatorios se incluye un fax enviado por la exfiscal al SIN solicitando el pago pactado con Montesinos, documento que fue confirmado como escrito de su puño y letra. Además, su nombre figura en la agenda personal de Montesinos y existen testimonios de exsecretarias y choferes del SIN que corroboran la entrega de dinero en su domicilio.
Tras su captura, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, tiempo estimado para llevar a cabo el juicio oral. La fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas sostiene que los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico siguen vigentes, pese a las reformas legales recientes.
La defensa de Maita Luna argumenta que no existe riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia, y que las modificaciones legales deberían invalidar la detención. Sin embargo, la Fiscalía ha reafirmado que la medida es firme y necesaria para garantizar el proceso judicial.
Este caso revive los ecos del régimen fujimorista y pone en evidencia cómo las redes de corrupción tejidas en los años 90 aún generan consecuencias judiciales en el presente.
